Política de seguridad vial

Política de seguridad vial: qué es y hasta dónde llega

La Resolución 40595 de 2022 la define como el documento en el que el nivel directivo «se compromete a suministrar y garantizar los recursos para la planificación, implementación, seguimiento y mejora del PESV». No es una declaración de buenas intenciones: es el compromiso de poner plata, personas y tiempo detrás del plan.

El alcance lo fija la misma norma. La empresa debe documentarla «con alcance sobre los desplazamientos laborales y los trayectos en itinere para todos sus colaboradores». Entran el conductor de la flota y también el vendedor que visita clientes en su moto, la persona que viaja a una sede en otra ciudad y quien va de la casa al trabajo y de regreso.

Qué exige el paso 3

La metodología enumera siete condiciones. La política debe cumplirlas todas, y la verificación las revisa una por una.

Este es el formato en blanco con las secciones que piden esos literales. Cópielo y escriba cada una con lo que su empresa de verdad se compromete a hacer.

Quién debe tenerla

La deben tener todas las empresas obligadas al Plan Estratégico de Seguridad Vial. La Ley 1503 de 2011, en el artículo 12 que reescribió el Decreto Ley 2106 de 2019, obliga a las organizaciones públicas y privadas que tienen más de diez vehículos en su flota, con motor o sin él, y a las que contratan o administran conductores. Ese mismo artículo pide conectar el plan con el SG-SST.

El paso 3 aplica a los tres niveles del plan, básico, estándar y avanzado. Una empresa pequeña con once vehículos tiene la misma obligación de tener política que una transportadora con cien; lo que cambia es lo que la política tiene que abarcar. Y una empresa nueva tiene un año desde su constitución para diseñar e implementar el PESV, como fija el artículo 3 de la Resolución 40595.

La política dentro del plan

La política no trabaja sola. La metodología la amarra a otros pasos, y por eso una política mal escrita arrastra al resto del plan.

• Paso 4, liderazgo del nivel directivo. Su primer literal es «la definición de la política y los objetivos del PESV». La política es la prueba escrita de ese liderazgo.
• Objetivos. El literal c) del paso 3 dice que la política da el marco para los objetivos de seguridad vial: si un objetivo no se puede rastrear hasta la política, sobra o falta algo.
• Paso 8, programas de riesgos críticos. El texto del paso 3 remite expresamente a ese paso, donde se definen los programas asociados a la política.

La socialización que pide el literal g) se demuestra con registros: a quién se le dio a conocer, cuándo y por qué medio. Una política en la cartelera de la recepción no llega al conductor que sale a las cinco de la mañana.

Política de seguridad vial y política de SST: ¿una o dos?

Pueden ser un solo documento. El anexo de la metodología lo permite de forma expresa: la política de seguridad vial «se puede articular con la Política del SG-SST y/o con los demás sistemas de gestión que tenga implementados la organización, siempre y cuando se cumpla lo establecido en el presente documento».

La condición es la que más se pasa por alto. La política de SST del artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015 se revisa como mínimo una vez al año; la de seguridad vial, como mínimo cada tres años. El alcance tampoco es el mismo: la de seguridad vial tiene que nombrar los desplazamientos laborales y los trayectos de ida y regreso al trabajo. Si se unen, el documento tiene que cumplir las dos normas a la vez. Lo que exige la política de SST lo explicamos en política de SST. El anexo hace la misma correspondencia con el numeral 5.2 de la norma ISO 39001, que pide su propia política.

Lo que revisa una visita

Según la Ley 2050 de 2020, la verificación del plan puede llegar del Ministerio del Trabajo, de la Supertransporte o de un organismo de tránsito. Sobre la política, el anexo trae dos preguntas para todos los niveles: si está documentada con alcance sobre los desplazamientos laborales y los trayectos en itinere de todos los colaboradores, y si cumple los requisitos del paso 3.

Detrás de esas dos preguntas el verificador busca soportes: el documento con fecha y firma, la evidencia de que se socializó y la fecha de la última revisión. La forma en que se miden los resultados del plan, que también se cruza con la política, está en indicadores del PESV.

Errores frecuentes

• La política de otra empresa. Un modelo descargado con el nombre cambiado, que no corresponde a la actividad, al tamaño ni a los riesgos viales reales.
• La firma equivocada. Firmada por el coordinador del PESV o por talento humano, y no por el representante legal.
• Sin fecha. Sin ella no hay forma de saber si se revisó en los últimos tres años.
• Solo para conductores. Deja por fuera al vendedor en moto, a quien viaja entre sedes y los trayectos de ida y regreso al trabajo.
• Compromisos que nadie cumple. Promete recursos, capacitaciones o controles que no aparecen en el plan de trabajo.
• Escrita y olvidada. Nadie la socializó, o se socializó una vez y no quedó registro.
• Un solo documento que no cumple dos normas. Unida a la de SST, pero sin el alcance vial o revisada con un calendario que no corresponde.

Qué arriesga la empresa

Una política que no cumple el paso 3 deja al plan sin su punto de partida, y el hallazgo aparece en la primera pregunta de la lista de verificación. Como el PESV se articula con el SG-SST, una falla aquí también se lee como una falla del sistema de gestión, y en ese terreno las sanciones salen del Decreto Ley 1295 de 1994 y su monto lo escala la Ley 1562 de 2012. Y en un siniestro vial con un trabajador, la política es de los primeros documentos que se piden para ver qué había prometido la empresa.