Aplicación de batería de riesgo psicosocial: cómo se hace

Cuándo una empresa tiene que aplicarla

Desde que la Resolución 2764 de 2022 la adoptó como referente técnico obligatorio, la pregunta ya no es si toca, sino cuándo le toca a su empresa. En la práctica hay cuatro disparadores, y conviene reconocerlos antes de que los nombre un inspector:

1. Nunca se ha aplicado. Es el caso más común en empresas de menos de cincuenta

trabajadores y no tiene defensa: la obligación no depende del tamaño.

1. Venció el plazo desde la última intervención, sea de uno o de dos años según el

resultado anterior.

1. Cambió la operación: una sede nueva, un turno nuevo, una reestructuración, un pico de

rotación o de ausentismo. El instrumento mide condiciones de trabajo, y si cambiaron, el resultado anterior ya no las describe.

1. La empresa trabaja con contratistas, cooperados o personal en misión y creía que por eso

estaba fuera. No lo está: el ámbito de la norma los incluye por su nombre.

Qué dice la resolución artículo por artículo, incluidos el ámbito y la derogatoria de la 2404 de 2019, está en la normatividad de la batería de riesgo psicosocial. Aquí lo que importa es que cualquiera de los cuatro casos pone en marcha lo que sigue.

Cada cuánto se repite

El artículo 3 de la Resolución 2764 fija el ritmo según el resultado anterior —anual si el riesgo intralaboral fue alto, cada dos años si fue medio o bajo—, y es el dato que más se cita mal. Para la logística lo que hay que tener claro es otra cosa: el plazo empieza a contar cuando se ejecutan las acciones de intervención, no el día de la aplicación.

Eso cambia cómo se programa la aplicación de batería de riesgo psicosocial en el calendario del sistema: la fecha de la próxima no se fija el día del informe, sino el día en que el plan de intervención queda ejecutado y con evidencia. Una empresa que evaluó hace dos años y no intervino no tiene el reloj a su favor: tiene una evaluación sin consecuencia, y lo primero que se le va a pedir es el plan que no hizo. El detalle de la periodicidad y lo que exige cada nivel está en la normatividad de la batería.

Quién puede aplicarla

El perfil lo fija la Resolución 2646 de 2008 (artículo 3, literal p): psicólogo con posgrado en salud ocupacional y licencia vigente, con la única excepción de los departamentos donde no haya ese perfil, que admiten psicólogo con al menos 100 horas de formación específica. La cita literal y su alcance están en la normatividad de la batería; aquí va lo que hay que comprobar antes de contratar, porque es donde se pierde el dinero:

Una aplicación hecha de buena fe por quien no cumple el perfil no vale como evidencia y hay que repetirla. Es la razón más frecuente por la que una empresa paga dos veces.

Qué debe tener lista la empresa antes

La aplicación se atrasa casi siempre por lo mismo: la empresa convoca al profesional antes de tener la información que él necesita para definir el alcance. Conviene reunir de antemano:

• la actividad económica, las sedes y los turnos reales, no los del organigrama;
• el número de trabajadores por forma de vinculación, incluidos contratistas;
• los cargos y sus funciones, para agrupar por condiciones de trabajo similares;
• el resultado y la fecha de la evaluación anterior, si existe;
• las acciones de intervención ejecutadas desde entonces, con su evidencia;
• ausentismo, rotación y quejas del último periodo;
• el motivo que originó la consulta: una visita, un cambio organizacional, un caso concreto.

Ese último punto cambia el alcance más que ningún otro. No es lo mismo una evaluación de calendario que una que nace de una situación que la empresa ya tiene encima.

Qué se evalúa exactamente, y qué alcance contratar

La Resolución 2646 separa tres bloques —intralaboral, extralaboral e individual, artículos 6, 7 y 8— y la batería de riesgo psicosocial trae instrumentos para cada uno. Qué recoge cada bloque está en la normatividad de la batería; para la aplicación la decisión que importa es qué alcance se contrata, y debe quedar escrita antes de empezar, no después de ver los resultados:

• Intralaboral completo (formas A y B según el cargo) es el mínimo que sostiene la

periodicidad del artículo 3, porque es el nivel de riesgo intralaboral el que fija el plazo.

• Extralaboral e individual son los que explican el resultado y orientan la intervención;

sin ellos el informe dice cuánto riesgo hay pero no por qué.

• Estrés es el que conecta con la vigilancia de la salud.

El alcance se decide con el número de trabajadores por forma de vinculación, las sedes y los turnos, y se deja en el acta de inicio. Cambiarlo a mitad de aplicación invalida la comparación con la medición anterior.

En papel o en plataforma

La norma no obliga a usar un software determinado. Lo que sí exige, en cualquiera de las dos modalidades, es que se respeten las condiciones de aplicación de los manuales, el consentimiento informado y la reserva.

La modalidad digital reduce el tiempo de calificación y facilita cubrir varias sedes o turnos. La modalidad en papel sigue siendo razonable en operaciones sin acceso confiable a dispositivos. Lo que no cambia con la modalidad es quién puede aplicarla ni dónde se guardan los instrumentos.

Qué NO hace la batería

Conviene decirlo antes de contratar, porque casi todas las discusiones posteriores nacen de aquí. La batería no diagnostica estrés ni enfermedad, no determina el origen laboral de una patología, no sustituye la atención clínica ni la gestión de un caso de convivencia, y no señala trabajadores.

Es un instrumento de identificación y evaluación colectiva. Las decisiones sobre origen y sobre salud individual corresponden a las instancias y profesionales competentes.

Dónde queda la información, y qué no puede guardar la empresa

Es el incumplimiento más común y el más fácil de evitar. La regla es una sola: los cuestionarios diligenciados no se quedan en la empresa. Reposan en la historia clínica ocupacional bajo custodia de quien los aplicó, y el empleador no puede tener, conservar ni anexar copia a la hoja de vida. Lo que sí queda en el SG-SST son los informes consolidados. El texto de la norma y la reserva del artículo 11 de la 2646 están en la normatividad de la batería.

Para la aplicación, eso se traduce en tres acuerdos que van en el contrato con el profesional o la IPS, antes de la primera jornada:

Si su empresa tiene hoy los cuestionarios archivados en las carpetas de personal, está incumpliendo, y eso es visible en una visita de inspección del Ministerio de Trabajo. Conservar la evidencia correcta —consolidados, consentimientos, plan de intervención— es distinto de conservarlo todo.

Del resultado a la intervención

Una evaluación cuyo informe se archiva no cumple la norma: la Resolución 2764 habla de monitoreo permanente e intervención, no de medición. Según el resultado, el plan puede incluir cambios en la organización del trabajo, controles administrativos, fortalecimiento de recursos, formación, seguimiento o remisión a los servicios de salud.

Cuando el riesgo resulta alto, la intervención en la fuente es inmediata y la evaluación pasa a ser anual dentro de un sistema de vigilancia epidemiológica, en concreto el SVE de riesgo psicosocial. Si la empresa necesita sostener ese seguimiento en el tiempo, se integra a la administración del SG-SST en vez de tratarse como un evento suelto.

Cuándo conviene contratarla fuera

Una empresa puede aplicarla con personal propio si tiene el perfil que exige el artículo 3 literal p). Si no lo tiene —que es lo habitual—, contratar la aplicación no es una comodidad: es lo que hace que la evaluación tenga validez.

Medina SST Empresarial aplica la batería a nivel nacional con el perfil profesional exigido, define el alcance antes de cotizar y entrega los consolidados con las reglas de custodia que la norma establece. Para dimensionarla necesitamos lo mismo que aparece más arriba: actividad, sedes, turnos, número de trabajadores por vinculación y qué motivó la consulta.