Licencia ambiental

Licencia ambiental: qué autoriza y qué no

La Ley 99 de 1993 la define en su artículo 50 como la autorización de la autoridad ambiental competente para ejecutar una obra o actividad, sujeta a los requisitos que ella misma establezca para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales. El Decreto 1076 de 2015 agrega las reglas que más sorprenden a quien la oye por primera vez.

Esa última fila es la que menos se lee. La licencia no es un papel que se archiva: es un conjunto de obligaciones que acompaña al proyecto mientras exista. Más abajo se ve cómo la autoridad las vigila.

Actividades sujetas a licencia ambiental: una lista cerrada

El artículo 49 de la Ley 99 habla en general de obras, industrias y actividades con posible deterioro grave o modificación notoria del paisaje, y esa redacción abierta no decide por sí sola el caso de nadie. Lo decide el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076: la licencia solo corresponde, únicamente, a lo que enumeran sus artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3.

De ahí sale una consecuencia práctica que ahorra dinero: que una actividad contamine o preocupe a un vecino no la vuelve licenciable. Y al revés, que parezca pequeña tampoco la libra si aparece en la lista. Los dos artículos reparten los proyectos entre la ANLA y las corporaciones, con condiciones de tamaño, capacidad o ubicación que cambian de un sector a otro.

La tabla es un resumen para orientarse, no un listado completo: cada fila tiene numerales, umbrales y excepciones que el decreto detalla, y ambos artículos han sido modificados en puntos como el sector eléctrico y los parques tecnológicos y ambientales. Si un proyecto concreto cae o no en una de esas casillas es una decisión técnica y jurídica que corresponde a la autoridad o a un abogado ambientalista, no a esta página.

Quién otorga la licencia ambiental: la ANLA o la corporación

El artículo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 nombra a las autoridades competentes para otorgar o negar la licencia: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, que pueden delegar en entidades territoriales; los municipios, distritos y áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes en su perímetro urbano; y las autoridades creadas por la Ley 768 de 2002. La Ley 99 de 1993, en su artículo 51, ya decía que las licencias las otorgan el ministerio, las corporaciones y algunos municipios y distritos.

La ANLA es una unidad administrativa especial del orden nacional, creada por el Decreto-Ley 3573 de 2011, encargada de que los proyectos sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan la normativa. Otorga de manera privativa la licencia de los proyectos del artículo 2.2.2.3.2.2. Las corporaciones hacen lo mismo con los del 2.2.2.3.2.3 que se ejecuten en su jurisdicción.

Dos reglas del decreto resuelven dudas que aparecen a mitad del proyecto. Si la obra se desarrolla en la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, estas envían la solicitud a la ANLA, que designa cuál decide (art. 2.2.2.3.2.6). Y si el proyecto hace parte de otro cuya licencia es privativa de la ANLA, las corporaciones no pueden otorgar permisos o autorizaciones por separado (art. 2.2.2.3.1.3, parágrafo). Una empresa que pregunta en la entidad equivocada pierde semanas que no recupera.

El seguimiento posterior corresponde a quien otorgó la licencia (art. 2.2.2.3.9.1, parágrafo 1). Por eso la autoridad de la que se hable aquí es la misma con la que la empresa convivirá años.

El caso que más sorprende: almacenar sustancias y residuos peligrosos

En la lista de las corporaciones aparecen dos numerales que tocan a muchas empresas industriales. El numeral 10 enumera las instalaciones «cuyo objeto sea» el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación o disposición final de residuos o desechos peligrosos. El numeral 16 incluye los proyectos «cuyo objeto sea» el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los hidrocarburos.

Las dos frases dicen cuyo objeto sea. La lista habla de proyectos creados para almacenar o tratar esas sustancias, y no dice nada, en esos numerales, de la bodega de cualquier fábrica que guarda químicos para su proceso. Si un depósito concreto encaja o no es una lectura que le corresponde a la autoridad, y conviene preguntarle antes de suponerlo a favor o en contra.

Que no necesite licencia no la libra de lo demás. Quien genera residuos peligrosos tiene sus propias obligaciones, como el plan de gestión integral que explica la página sobre el plan de gestión integral de residuos, y quien guarda sustancias químicas responde por su compatibilidad, que es el tema de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Y la recolección y la disposición las hace un gestor autorizado.

Licencia, plan de manejo y permisos: tres cosas distintas

La confusión más cara de este tema es creer que un documento sustituye al otro. La licencia es la autorización para ejecutar el proyecto. El plan de manejo ambiental es el conjunto de medidas sobre los impactos identificados, y para los proyectos licenciados es una parte del estudio de impacto ambiental que se presenta para pedirla (art. 2.2.2.3.5.1, numeral 7). La guía del plan de manejo ambiental explica qué lleva y en qué casos lo establece la autoridad sin licencia.

Los permisos ambientales son otro instrumento. Si la actividad no está en la lista de licencias pero vierte a aguas superficiales, marinas o al suelo, necesita el permiso de vertimientos (art. 2.2.3.3.5.1); si emite al aire, el permiso de emisión atmosférica (art. 2.2.5.1.7.1); si capta agua, la concesión (art. 2.2.3.2.7.1). Cada uno tiene su propio trámite, y el de vertimientos merece una página aparte. Cuando sí hay licencia, esos permisos van implícitos en ella, siempre que el estudio los haya identificado.

La consultoría ambiental y el plan de gestión ambiental completan el cuadro: son documentos de la empresa, no autorizaciones. Y una certificación voluntaria como la ISO 14001 tampoco reemplaza una licencia que la ley exige.

Requisitos de la licencia ambiental: lo que hay detrás del trámite

Quien busca los requisitos de la licencia ambiental suele esperar una lista de papeles. El decreto la tiene, pero esa lista es la parte menor: lo que pesa es lo que hay detrás de cada documento.

El centro es el estudio de impacto ambiental, que el decreto llama el instrumento básico para decidir sobre los proyectos que requieren licencia. Describe el proyecto, caracteriza el área de influencia en lo abiótico, biótico y socioeconómico, informa la demanda de recursos naturales, evalúa los impactos y analiza los riesgos, y trae el plan de manejo ambiental con sus costos (art. 2.2.2.3.5.1). Se elabora sobre los términos de referencia que expide el Ministerio de Ambiente, adaptados a cada proyecto (art. 2.2.2.3.3.2).

Para ciertos proyectos, antes del estudio hay que pedir a la autoridad un pronunciamiento sobre si se necesita un diagnóstico ambiental de alternativas (art. 2.2.2.3.4.2). Las comunidades deben ser informadas del alcance y de las medidas propuestas, y cuando corresponda procede la consulta previa con comunidades indígenas y negras (art. 2.2.2.3.3.3). La solicitud se radica con el estudio y documentos como el certificado del Ministerio del Interior sobre presencia de comunidades étnicas y la constancia de pago del servicio de evaluación (art. 2.2.2.3.6.2). Los trámites de licencia se encauzan por la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea, VITAL (art. 2.2.2.3.10.1).

Cómo se arma cada pieza, cómo se radica y en qué orden es trabajo técnico que se hace con la autoridad delante, y no cabe en una página informativa. Lo que sí conviene saber desde el comienzo es que los costos de un proyecto incluyen estudios, evaluación y, después, seguimiento: la autoridad cobra el servicio de evaluación (art. 2.2.2.3.6.2) y el de seguimiento (art. 2.2.2.3.9.5), y el valor lo liquida ella. Ningún plazo se promete aquí: lo cuenta la autoridad y varía con el proyecto.

Lo que la licencia le sigue exigiendo después de otorgada

Obtenerla no cierra el asunto. Los proyectos con licencia son objeto de control y seguimiento de la autoridad, que verifica la eficacia de las medidas de manejo, exige el cumplimiento de los términos y condiciones, revisa los permisos que la licencia autoriza, verifica la normatividad ambiental aplicable y puede imponer medidas adicionales si aparecen impactos no previstos (art. 2.2.2.3.9.1). Puede visitar el lugar, hacer requerimientos y corroborar con pruebas los monitoreos que presente el titular.

Hay obligaciones concretas que sorprenden por su urgencia. Si ocurre un incendio, un derrame, un escape o un vertimiento fuera de los límites permitidos, el titular debe actuar para hacer cesar la contingencia e informar a la autoridad en un término no mayor a veinticuatro horas (art. 2.2.2.3.9.3). Si el proyecto cambia de forma que genere impactos adicionales a los de la licencia, esta debe modificarse (art. 2.2.2.3.7.1). Y si pasan cinco años desde que la licencia quedó en firme sin que haya empezado la construcción, la autoridad puede declarar la pérdida de vigencia (art. 2.2.2.3.8.7). Al terminar la vida del proyecto, el titular presenta un estudio de desmantelamiento y abandono con anticipación de tres meses (art. 2.2.2.3.9.2).

Las veinticuatro horas se cumplen o no según algo que la empresa controla desde el primer día: tener a mano equipos para contener un derrame. Para eso están los kits antiderrames, que Medina vende, aunque ningún kit sustituye el plan de contingencia que la licencia exija.

Qué arriesga quien empieza sin licencia

La Ley 99 de 1993 dice que la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de esa clase requerirán licencia. No dice «conviene». La consecuencia está en la Ley 1333 de 2009, el procedimiento sancionatorio ambiental, modificada por la Ley 2387 de 2024.

Su artículo 5 define como infracción toda acción u omisión que viole las normas ambientales o los actos administrativos de la autoridad, e incluye una regla que cambia la posición de la empresa: en las infracciones ambientales se presume la culpa o el dolo del infractor, y es él quien debe desvirtuarla (parágrafo 1). Entre las medidas preventivas, la autoridad puede suspender el proyecto, obra o actividad cuando se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental (art. 36). La suspensión es la orden de cesar la ejecución por el tiempo que fije la autoridad, y el artículo 39 la prevé expresamente para ese caso.

Las sanciones del artículo 40 incluyen amonestación escrita, multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales, cierre temporal o definitivo del establecimiento, revocatoria o caducidad de la licencia, permiso o registro, y demolición de obra a costa del infractor. La sanción no exime de ejecutar las obras o acciones que ordene la autoridad ni de restaurar lo afectado, y se aplica sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales y disciplinarias a que hubiere lugar. La gravedad de cada caso la valora la autoridad.

Hay un efecto menos visible: como la licencia es condición previa para ejercer los derechos de permisos y contratos de otras autoridades (art. 2.2.2.3.1.5), un proyecto sin ella puede ver frenado el ejercicio de derechos que le dieron esas otras entidades.

Errores frecuentes

Los que más aparecen cuando una empresa llega a hablar de licencia ambiental ya con el problema encima:

Qué exigirle a quien le ofrezca gestionar la licencia

Antes de firmar con cualquier consultor, incluido el nuestro, conviene hacerle estas preguntas y esperar respuestas por escrito:

Una pregunta jurídica de fondo, como la competencia en un caso dudoso o la procedencia de una consulta previa, no la resuelve un consultor técnico: la resuelve la autoridad, o un abogado especialista en derecho ambiental.