Plan de emergencias de un colegio

Dos planes en un mismo colegio: el de los trabajadores y el de los estudiantes

La confusión más común en un plan escolar es creer que el plan de emergencias del SG-SST protege a todo el que está dentro del colegio. No es así. El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.25, obliga al empleador a prevenir, prepararse y responder ante emergencias «con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes». Los estudiantes no son ninguna de esas categorías.

A los estudiantes los cubre otra rama de la norma: la gestión del riesgo de desastres. La Ley 1523 de 2012 dice en su artículo 2 que «la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano» y que las entidades públicas y privadas deben ejecutar el conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres. Y la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, pone entre los fines de la educación, en el numeral 10 de su artículo 5, la conciencia «de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo».

En la práctica, lo sensato es un solo documento con dos capítulos: las mismas amenazas, los mismos planos, las mismas rutas y la misma brigada, pensados para dos poblaciones que se comportan distinto en una emergencia. Lo que no funciona es la carpeta del SG-SST por un lado y el plan escolar por otro, cada uno con un punto de encuentro diferente.

Colegio oficial o privado: lo que cambió con la Resolución 006519 de 2025

El 1 de abril de 2025 el Ministerio de Educación expidió la Resolución 006519, que adopta la Política Pública de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias, conocida como GIRE. Su objetivo, dice el artículo 2, es proteger el derecho a la educación y salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes «junto con la de los docentes, directivos docentes y personal administrativo», frente a amenazas naturales, socionaturales, antrópicas no intencionales y las asociadas al conflicto armado.

La frase que decide qué le toca a cada colegio está en el artículo 3. La política se aplica en el Ministerio, en las entidades territoriales certificadas en educación y «en los establecimientos educativos de carácter oficial». Frente al sector privado, la resolución dice que la política «orientará» el trabajo intersectorial. Es decir:

• Un colegio oficial queda dentro de la política y trabaja su Plan de Gestión Integral del Riesgo Escolar (PGIRE) —lo que muchos siguen llamando plan de emergencias escolar— con el acompañamiento de su secretaría de educación.
• Un colegio privado no queda obligado por esa resolución, pero sí por todo lo demás: el plan de emergencias del SG-SST como empleador, el deber general de la Ley 1523 y el fin educativo de la Ley 115. La política le sirve de referencia, no de excusa.

La misma resolución recoge los antecedentes del sector: las Directivas Ministeriales 12 de 2009 y 16 de 2011, y la Circular 19 del 25 de julio de 2022, «Orientaciones para la gestión integral del riesgo escolar», con la que el Ministerio armonizó sus lineamientos con la Ley 1523. Un plan escolar que todavía se apoya solo en documentos anteriores a 2022 está desactualizado frente al marco que hoy usa el propio Ministerio.

La Resolución 7550 de 1994: la norma que todos citan y nadie puede mostrar

Casi todos los planes escolares que circulan en internet se apoyan en la Resolución 7550 de 1994 del Ministerio de Educación y le atribuyen requisitos concretos: un comité, un análisis de riesgos, simulacros. El problema es que su texto no está publicado en ninguna fuente oficial que se pueda consultar hoy: la página de normatividad del Ministerio solo muestra su título.

Lo que sí se puede afirmar es lo que dice de ella el propio Ministerio en el documento de la política GIRE de 2025: que con esa resolución «se impulsaron acciones para incorporar la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI)». Eso es todo lo verificable.

Para un colegio esto tiene una consecuencia práctica: un plan que cita artículos de la 7550 que nadie ha leído no resiste una revisión seria. Es mejor apoyarse en lo que sí se puede mostrar —el Decreto 1072, la Ley 1523, la Ley 115 y la política de 2025— y mencionar la 7550 como antecedente, que es lo que es.

¿Un colegio tiene que hacer también el PGRDEPP?

El artículo 42 de la Ley 1523 obliga a las entidades públicas o privadas «encargadas de la prestación de servicios públicos», a las que ejecuten obras civiles mayores y a las que desarrollen actividades que puedan significar riesgo de desastre a hacer un análisis específico de riesgo y planes de emergencia y contingencia «que serán de su obligatorio cumplimiento». El Decreto 2157 de 2017 lo reglamenta con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas, el PGRDEPP.

Aquí hay que ser preciso, porque es donde más se exagera. La Constitución, en su artículo 67, dice que la educación es «un servicio público que tiene una función social», y el Decreto 2157 incluye a quien opera espacios que generan aglomeraciones. Por eso un colegio puede estar dentro del ámbito del PGRDEPP, sobre todo si es grande o si su infraestructura alberga mucha población. Pero ninguna de esas normas nombra a los colegios de forma expresa, y decirle a cualquier colegio que está obligado sin revisar su caso es tan equivocado como decirle que no lo está.

Lo correcto es confirmarlo con la secretaría de educación y con el consejo municipal de gestión del riesgo. Si aplica, el PGRDEPP no reemplaza al plan del SG-SST: mira hacia el entorno, mientras que el del SG-SST mira hacia los trabajadores. El plan de emergencias general de una empresa, numeral por numeral, está desarrollado en nuestra página de plan de emergencias.

Lo que el plan de los trabajadores debe cubrir en un colegio

El artículo 2.2.4.6.25 enumera trece aspectos mínimos, y la Resolución 0312 de 2019 dice cómo se verifican. En un colegio, varios de ellos tienen una lectura propia que los planes genéricos pasan por alto.

La Resolución 0312 tiene un detalle que afecta a los colegios pequeños: para las empresas de diez o menos trabajadores en riesgo I, II o III, su artículo 3 no incluye un estándar de emergencias. Eso no exime al colegio del plan: el Decreto 1072 obliga a todo empleador sin importar su tamaño. Lo que cambia es lo que se califica en la autoevaluación, no el deber.

Cuando el colegio supera los cincuenta trabajadores, el artículo 16 de la 0312 pide que el plan identifique las amenazas, evalúe la vulnerabilidad, incluya planos con áreas y salidas de emergencia y señalización, tenga en cuenta «todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo» y sea divulgado. Para un colegio con dos jornadas y varias sedes, esa frase es la que más hallazgos produce.

Lo que hace distinto a un colegio: niños, edades y dependencia de los adultos

Un plan de emergencias de oficina supone que cada persona puede evacuar por su cuenta. En un colegio esa suposición no se cumple: un niño de preescolar depende por completo de un adulto, un adolescente puede actuar solo pero no siempre lo hace, y un estudiante con discapacidad necesita un apoyo que tiene que estar previsto antes, no improvisado durante la emergencia.

Por eso el plan de un colegio tiene que responder preguntas que un plan empresarial no se hace: quién se hace responsable de cada grupo durante la evacuación, qué pasa con los estudiantes que están fuera de su salón —en el patio, en el baño, en la biblioteca—, cómo se cuenta a los menores en el punto de encuentro y, sobre todo, cómo y a quién se entrega cada niño después de la emergencia. Un colegio que evacúa bien pero no sabe entregar a los estudiantes a sus acudientes ha resuelto la mitad del problema.

También cambia la lista de amenazas. A las de cualquier edificio —sismo, incendio, inundación, falla eléctrica— se suman las propias de la vida escolar: las aglomeraciones a la entrada y a la salida, los eventos con padres de familia, las salidas pedagógicas y, en algunas regiones, las asociadas al conflicto armado que la política GIRE menciona de forma expresa.

Bomberos, secretaría de educación y Ministerio del Trabajo: quién puede revisar qué

Un colegio no tiene una sola autoridad que le revise el plan, sino varias, y cada una mira algo distinto. Saberlo evita el error de preparar una sola carpeta para una visita y descubrir que la siguiente pide otra cosa.

• El Ministerio del Trabajo revisa el SG-SST como en cualquier empleador: que exista el plan, que esté divulgado, que haya brigada con soportes de capacitación y dotación, y que se haya hecho el simulacro anual. El incumplimiento del SG-SST se sanciona con las multas de la Ley 1562 de 2012.
• Los bomberos, según el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012, revisan los diseños, hacen la inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio y las inspecciones planeadas, y la ley obliga a facilitarlas.
• La secretaría de educación acompaña la gestión del riesgo escolar y, en los colegios oficiales, la formulación del PGIRE dentro de la política GIRE.
• El consejo municipal de gestión del riesgo es quien puede confirmar si el colegio está dentro del ámbito del PGRDEPP.

Una advertencia que vemos con frecuencia: la Resolución 0256 de 2014, que regula las brigadas contraincendio, no es una norma para colegios. Su ámbito son los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similares. Copiarla en un plan escolar, con su exigencia de porcentaje de brigadistas, es aplicar una regla que no le corresponde. Los requisitos de la brigada de un colegio salen del Decreto 1072 y la Resolución 0312; el detalle está en nuestra página de brigada de emergencia.

Errores que vemos en los planes escolares

Los planes de emergencia de colegios que revisamos suelen fallar en los mismos puntos, y casi ninguno es un problema de redacción:

• El plan copiado de otro colegio. Trae los planos, las amenazas y hasta el nombre del otro establecimiento. No describe el edificio real.
• Artículos de la 7550 que nadie ha leído. Requisitos atribuidos a una norma sin texto oficial disponible.
• Una sola jornada. La brigada, los simulacros y los responsables existen en la mañana; en la tarde o en la sabatina no hay nadie asignado.
• Los contratistas por fuera. El conductor de la ruta, el personal del restaurante y el de aseo no conocen el plan ni el punto de encuentro.
• Normas de otro sector. La Resolución 0256 de 2014 aplicada a una brigada escolar.
• El plan que nadie conoce. Está en una carpeta de rectoría y no se ha divulgado: justo lo que la Resolución 0312 pide constatar.
• La entrega de los estudiantes sin resolver. El plan termina en el punto de encuentro, como si los niños se fueran solos.

Qué exigirle a quien le haga el plan de emergencias

Un plan escolar se contrata pocas veces y se pone a prueba en el peor momento posible, con niños dentro del edificio. Antes de recibirlo, conviene verificar que:

• Distinga a las dos poblaciones: el capítulo de los trabajadores con su base en el Decreto 1072 y el de los estudiantes con la gestión del riesgo escolar.
• Cite solo normas que se puedan mostrar, con su enlace oficial, y diga si el colegio es oficial o privado y qué le aplica por eso.
• Cubra cada sede y cada jornada, con responsables con nombre, no con cargos genéricos.
• Incluya a los contratistas que trabajan dentro del colegio y a los visitantes frecuentes.
• Deje evidencia: divulgación, conformación y capacitación de la brigada, simulacro con su informe y las inspecciones de los equipos.
• Resuelva la entrega de los estudiantes a sus acudientes después de la emergencia.

Un plan que no cumple esto puede estar bien escrito y aun así no servir el día que se necesita.

Cómo trabaja Medina el plan de emergencias de un colegio

En un colegio empezamos por recorrer cada sede en las jornadas en que funciona, porque un edificio con estudiantes en la mañana y adultos en la noche no tiene las mismas amenazas ni la misma gente a cargo. Con eso armamos el plan con sus dos capítulos —el del personal, que es nuestra responsabilidad dentro del SG-SST que diseñamos y administramos en todo el país, y el de los estudiantes, coordinado con él—, conformamos la brigada con docentes y administrativos de todas las jornadas, la acompañamos con la capacitación de la brigada de emergencia que incluye primeros auxilios, y dirigimos los simulacros con su informe de lo que hay que corregir.

El plan también exige equipos que funcionen el día del simulacro y el de la emergencia. Los suministramos y los dejamos instalados: extintores con su recarga periódica, sistemas de detección y alarma contra incendio, la señalización de las rutas hacia el punto de encuentro y los botiquines de cada sede.

Hay dos revisiones que no son nuestras y no las reemplazamos: el PGIRE de un colegio oficial se formula con su entidad territorial, y la inspección contra incendio la hace el cuerpo de bomberos. Nuestro trabajo es que el colegio llegue a ambas con las amenazas, los planos, la brigada y los simulacros documentados. Y en los colegios privados acompañamos también la evaluación e intervención del riesgo psicosocial de los docentes.