Instalación de una cámara de seguridad en la empresa

Qué incluye la instalación de una cámara de seguridad

Una cámara sola no es un sistema. Lo que se instala, y lo que conviene que aparezca por separado en cualquier cotización, es esto:

La última fila es la que casi nunca aparece en una cotización, y es la única que una norma pide por su nombre. El cable, el disco y la marca de la cámara se pueden discutir; el aviso, no.

Qué cámara va en cada zona de la empresa

La pregunta útil no es qué cámara es mejor, sino qué tiene que mostrar cada una. La de la portería tiene que permitir reconocer la cara de quien entra; la del patio de cargue, el movimiento de mercancía. No necesitan lo mismo.

Exterior o interior. Una cámara de exterior queda expuesta a lluvia, polvo y sol directo, y suele necesitar visión nocturna y una carcasa más resistente. Puesta adentro, es gasto sin sentido; una de interior puesta afuera dura poco.

Cableada o inalámbrica. La inalámbrica se instala más rápido y sirve donde pasar un cable es difícil o caro. Depende de la señal: una bodega con estanterías metálicas o muros gruesos puede dejarla sin conexión justo cuando hace falta. La cableada exige más obra, pero no depende del wifi. En muchas empresas el diseño termina mezclando las dos.

Lo que se ve desde la cámara. Cada punto se decide con la cámara mirando hacia donde va a quedar: contraluces en las puertas de vidrio, zonas que se oscurecen de noche, estantes que tapan el pasillo. Ese es el trabajo de la visita técnica, y no se resuelve desde una ficha de producto.

Dónde no se instala una cámara en un lugar de trabajo

La regla sale de la guía de videovigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que pide no instalar cámaras «en lugares donde la recolección de imágenes y, en general, el Tratamiento de estos datos pueda afectar la imagen o la vida privada e íntima de las personas». Detrás está el artículo 15 de la Constitución Política, que protege la intimidad personal.

En una empresa eso deja fuera, sin discusión, los baños, los vestieres y la sala de lactancia. Y deja en duda cualquier cámara cuyo encuadre incluya, aunque sea de lado, la entrada de uno de esos espacios.

La misma guía pone una segunda condición: antes de instalar, la empresa debe preguntarse si de verdad necesita la cámara o si hay otro medio con menos impacto en la privacidad. Una cámara apuntando fijo al puesto de una persona durante toda la jornada es difícil de justificar como seguridad de bienes.

El aviso de videovigilancia: lo que el letrero tiene que decir

El letrero de «Sonría, lo estamos grabando» avisa que hay cámaras, pero no cumple. La guía de la SIC pide señales en las zonas vigiladas, sobre todo en los ingresos, con el contenido mínimo de un aviso de privacidad. Ese contenido lo fija el artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto 1074 de 2015, donde quedó compilado el Decreto 1377 de 2013: quién es la empresa y cómo se la contacta, qué hace con las imágenes y para qué, qué derechos tienen las personas grabadas y dónde se consulta su política de tratamiento.

El artículo 2.2.2.25.3.2 dice cuándo: de manera oportuna y, en todo caso, a más tardar al momento de la recolección. En la práctica, el aviso tiene que estar puesto el día que se encienden las cámaras, no semanas después. Si la cámara también graba audio, la guía pide informarlo.

Y el aviso no es papel que se pega y se olvida. El artículo 2.2.2.25.3.4 obliga a conservar el modelo del aviso que se usa mientras se sigan tratando los datos. El letrero debe ser visible y legible donde está: en un parqueadero, por ejemplo, tiene que poder leerlo quien entra manejando.

Las cámaras y los trabajadores

La Ley 1581 de 2012 define el dato personal como cualquier información que pueda asociarse a una persona determinada o determinable (artículo 3). La imagen de un trabajador en el video de su empresa lo es. La empresa que opera las cámaras es la responsable de ese tratamiento y tiene los deberes del artículo 17, empezando por informar y conservar la autorización.

El artículo 9 de la ley pide la autorización previa e informada del titular. El Decreto 1074 admite que se dé por escrito, de forma oral o por conductas inequívocas —la guía de la SIC lo aplica a las zonas con cámaras—, y aclara que el silencio nunca cuenta como autorización (artículo 2.2.2.25.2.4). Con los trabajadores, que están en el lugar todos los días, conviene que quede por escrito: el artículo 2.2.2.25.2.5 obliga a la empresa a conservar la prueba.

La regla que más se pasa por alto es la de la finalidad. Según la guía de la SIC, lo grabado sirve únicamente para el propósito que se anunció; un uso distinto exige volver a pedir la autorización. Si las cámaras se anunciaron para la seguridad de bienes y personas, usarlas luego para medir la productividad de alguien es otro tratamiento. Si una grabación puede usarse en un proceso disciplinario es una pregunta laboral: la responde el asesor laboral de la empresa, no el instalador.

Si el sistema hace reconocimiento facial, la imagen entra en los datos biométricos, que la ley trata como sensibles y que exigen autorización explícita. Lo explicamos en el artículo sobre sistema de control de acceso.

Quién ve las grabaciones y cuánto tiempo se guardan

Las normas de datos personales no fijan un número de días. La guía de la SIC pide conservar las imágenes «sólo por el tiempo estrictamente necesario» para la finalidad del sistema y eliminarlas después, dejando documentado cómo se eliminan. El plazo lo define la empresa, lo escribe y lo configura en el grabador. Si nadie lo configura, el grabador decide solo: guarda hasta llenar el disco y sobrescribe.

Sobre el acceso, la guía es concreta: las grabaciones se miran en un área restringida, solo por personas autorizadas que firman una cláusula de confidencialidad, vigente incluso después de terminar su contrato. Un incidente —una grabación filtrada, un acceso no autorizado al grabador— se reporta a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Un trabajador o un visitante tiene derecho a ver su grabación. La empresa verifica que sea el titular, le pide fecha, hora y lugar para no mostrar más de lo necesario y, si aparecen otras personas, necesita su autorización o las difumina.

Las autoridades también pueden pedirlas. La guía permite entregar imágenes por solicitud de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, y el artículo 237B de la Ley 1801 de 2016, añadido por la Ley 2197 de 2022, autoriza a la Policía a acceder a los circuitos cerrados de vigilancia privada para prevención, identificación o judicialización. Publicar un video en redes o en un grupo de mensajería es otra cosa, y no tiene esa cobertura.

Un detalle que cambia trámites: la guía dice que la base de imágenes se inscribe en el Registro Nacional de Bases de Datos, salvo cuando el sistema solo muestra imágenes en tiempo real y no graba. Si su empresa está obligada a inscribir sus bases de datos es algo que confirma quien lleve su cumplimiento en datos personales.

Las cámaras que miran hacia la calle

Vigilar la calle es tarea del Estado, no de los particulares. Por eso la guía de la SIC limita las cámaras privadas que captan la vía pública a lo que no se pueda evitar para proteger el inmueble: el caso típico es la cámara de una portería o de una entrada, que debe restringirse al área más próxima al acceso.

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la Ley 1801 de 2016, agrega dos cosas en su artículo 237. Lo que capten las cámaras ubicadas en espacio público o en lugares abiertos al público se considera información pública, salvo que tenga reserva legal. Y los sistemas privados instalados en áreas comunes, en lugares abiertos al público o que, siendo privados, trasciendan a lo público, se enlazan a la red que disponga la Policía Nacional, según la reglamentación del Gobierno y con autorización previa de quien tenga la legitimidad para darla. La Corte Constitucional revisó ese artículo en la Sentencia C-094 de 2020.

Para una empresa, la consecuencia práctica es de diseño: la cámara de la fachada se orienta hacia la puerta, no hacia la acera de enfrente.

El instalador tiene que estar registrado ante la Supervigilancia

La instalación de cámaras no es una actividad libre en Colombia. El Decreto-Ley 356 de 1994, estatuto de vigilancia y seguridad privada, obliga a registrarse ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a quien comercialice o instale equipos de vigilancia (artículo 52). En el numeral 2 del artículo 53 nombra los equipos «de visión o escucha remotos», y una cámara que se mira desde el celular es exactamente eso.

De ahí salen dos documentos que la empresa debería tener en la carpeta de la instalación: el número de registro de quien instaló y la tarjeta de usuario que ese instalador debe expedir (artículo 55). La empresa usuaria también tiene deberes —avisar si traslada los equipos, no prestarlos, cuidar que no se pierdan—, con multas de hasta diez salarios mínimos mensuales (artículo 56). Los desarrollamos en el artículo sobre sistema de detección de intrusos, que cae en el mismo régimen.

Errores frecuentes al instalar cámaras en una empresa

El más común es el del aviso: no hay ninguno, o está el letrero genérico que no dice quién responde por las imágenes ni dónde se consulta la política. Le sigue la cámara que se ubicó pensando en el pasillo y que, por el ángulo, también alcanza la puerta del baño o del vestier.

Después vienen los errores del grabador. Queda sin plazo configurado y sobrescribe a los pocos días, o guarda meses sin que nadie lo haya decidido. Conserva las claves de fábrica, en el equipo y en la aplicación del celular. Y tiene un único usuario administrador que comparten la gerencia, la portería y el técnico, de modo que nunca se sabe quién sacó una grabación.

Los últimos aparecen con el uso. La grabación de un incidente se reenvía por chat el mismo día, antes de que alguien decida qué hacer con ella. Una cámara lleva semanas desenfocada o apagada y nadie lo nota. Y el instalador, cuando se le pregunta, no puede mostrar su registro ante la Supervigilancia.

Ninguno de estos errores se ve en la imagen. Aparecen el día en que la grabación se necesita como prueba o el día en que alguien reclama por su imagen.

Qué exigirle a quien instala las cámaras

Antes de firmar, la empresa tiene derecho a pedir:

• El número de registro ante la Supervigilancia y, al terminar, la tarjeta de usuario.
• Una visita técnica al sitio antes de la propuesta, no una cotización hecha desde fotos.
• Una propuesta que separe suministro, instalación, configuración y mantenimiento, para poder compararla con otras.
• Un plano o listado de cámaras con la zona y la finalidad de cada una.
• Usuarios por persona y claves cambiadas el día de la entrega.
• El plazo de conservación configurado en el grabador según lo que la empresa decidió.
• El aviso de videovigilancia puesto en los accesos antes de encender el sistema.
• Si se necesitan circuitos eléctricos nuevos, que ese trabajo cumpla el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que hoy rige con la Resolución 40284 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía. Lo valida quien responde por las instalaciones eléctricas de la empresa.

Lo que arriesga la empresa

Las multas de la Ley 1581 son el riesgo más visible, no el más frecuente. Lo que más se ve es una grabación que no sirve como prueba porque se editó, se reenvió por chat o se borró sola antes de que alguien la buscara.

Las cámaras tampoco son un control de seguridad y salud en el trabajo: no evitan un accidente ni reemplazan la señalización de seguridad o la supervisión. Sí pueden ser un recurso del plan de emergencias, que el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015 pide identificar en su numeral 2: una portería que ve las rutas de salida es uno.